Me moriré con la tranquilidad de saber que ETA no ha comprado ni una sola bala con mi dinero

Así rezaba el titular de la entrevista que el jueves 20 publicó El Diario de Navarra con JCR, un empresario vasco que en 1981 recibió la primera petición de dinero de ETA. Cinco años después tuvo que abandonar su tierra por consejo de la policía, pues su negativa a colaborar con los terroristas estaba poniendo su vida en peligro.

JCR relata lo que ha sido su vida hasta entonces y las secuelas psicológicas que siempre le han acompañado. Incluso intentó regresar al País Vasco, pero tuvo que salir corriendo, porque a pesar de que para entonces si economía estaba quebrantada, los terroristas no lo habían olvidado.

Tras muchos años de silencio, ésta y otras vícitimas de los euskonazis están empezando a contar su historia, tal vez para que nunca se repita. La desesperanza y la sensación de que todo fue en vano, de que la negativa a que de su dinero fuera usado para sembrar el terror entre los españoles no sirvió de nada, ha movido a algunos a dar su testimonio. Muchos nos hemos conmovido con sus palabras, y deseamos que iniciativas como la Conferencia de la Libertad de Foro de Ermua tengan la repercusión que merecen e inicien una auténtica conversación política entre los ciudadanos.

Estos son los hombres de paz, las personas decentes a los que el presidente del gobierno y Patxi López deberían mirar a los ojos y explicarl si hay garantías de que lo que les ocurrió a ellos no les pase a las nuevas generaciones de empresarios y trabajadores vascos y navarros. Y añadiría que, aunque no creo en nacionalismos ni en deberes en pro de comunidades imaginarias, pienso que en cierta forma aquí sí hay un derecho de restitución, si no moral, al menos económico, de estas personas.

Según las filtraciones periodísticas, la Ley de Memoria Histórica prevee indemnizaciones para las víctimas de la represión franquista. Hay muchas personas en España que desde los años ochenta han recibido compensaciones por las represalias de que fueron objeto durante la dictadura, y que les privaron de ingresos y propiedades. Si hay que compensar a alguien más, en principio no me parece mal. Pero aparte de las víctimas del Frente Popular, muchas de las cuales ni fueron indemnizadas con el franquismo ni con la democracia, existen otras muchas, vivas y con muchos años por delante, que no debemos olvidar.

Un estado que desiste de sus funciones de protección de la seguridad de las personas, y que desprecia las amenazas a la vida y propiedad que reciben los ciudadanos es un Estado indigno. Sus gestores merecen ser apartados de sus responsabilidades y pagar por sus errores dolosos.